Amnist\u00eda Internacional se\u00f1al\u00f3 en un nuevo informe difundido este mi\u00e9rcoles que los defensores de la tierra y del medio ambiente en M\u00e9xico son criminalizados por autoridades de todos los niveles del Gobierno con el fin de disuadir y castigar protestas sociales.<\/p>\n
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A partir del an\u00e1lisis de cuatro casos \u2014dos en el estado de Chiapas, uno en Puebla y otro en Yucat\u00e1n\u2014, la organizaci\u00f3n no gubernamental advierte que los Gobiernos federal, estatales y municipales tienden a brindar poca informaci\u00f3n sobre los proyectos o emprendimientos que ponen en marcha y que afectan a territorios y otros recursos. Se\u00f1ala tambi\u00e9n el uso del sistema de Justicia de forma desproporcionada contra quienes protestan.<\/p>\n
“Organizaciones de la sociedad civil han alertado por a\u00f1os el uso de distintos tipos penales que han sido utilizados para sancionar a personas que ejercen su derecho a la protesta debido a su ambig\u00fcedad. Entre ellos destacan los delitos de ‘ataques a las v\u00edas generales de comunicaci\u00f3n’ en el fuero federal y ‘ataques a las v\u00edas de comunicaci\u00f3n y transporte\u2019 del fuero com\u00fan'”, dice el reporte publicado este mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
De acuerdo con Amnist\u00eda Internacional, las autoridades usan tipos penales “vagos o ambiguos” para poder detener a defensores de la tierra y del medio ambiente que se manifiestan contra proyectos no solamente con el fin de frenar sus protestas, sino tambi\u00e9n de inhibir que se realicen otras.<\/p>\n
“La criminalizaci\u00f3n de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivaci\u00f3n y desarticulaci\u00f3n de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dice el informe.<\/p>\n
Uno de los casos analizados corresponde a los activistas tseltales C\u00e9sar Hern\u00e1ndez Feliciano y Jos\u00e9 Luis Guti\u00e9rrez Hern\u00e1ndez, quienes en octubre de 2020 encabezaron protestas contra la construcci\u00f3n de un cuartel de la Guardia Nacional en la regi\u00f3n de Chil\u00f3n, en el estado de Chiapas.<\/p>\n
Ambos defensores fueron detenidos despu\u00e9s de una manifestaci\u00f3n y se les acus\u00f3 del delito de mot\u00edn. Finalmente, en mayo pasado, se les conden\u00f3 a dos a\u00f1os de prisi\u00f3n, que el juez conmut\u00f3 por una multa. Tras pagar una sanci\u00f3n de unos US$ 350, quedaron en libertad.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional se\u00f1ala otros tres casos en los que se utiliz\u00f3 el sistema penal en contra de personas que protestaban por la defensa de tierra, territorio y medio ambiente. Uno ocurri\u00f3 en Colonia Maya, en San Crist\u00f3bal de las Casas, Chiapas, donde un grupo de personas se manifest\u00f3 en contra de un fraccionamiento residencial en una zona protegida en 2017. En ese entonces, la fiscal\u00eda acus\u00f3 de secuestro a algunos de los manifestantes.<\/p>\n
El segundo caso fue en la comunidad de Santa Mar\u00eda Zacatepec, Puebla, donde dos comunicadores y defensores nahuas se manifestaron en 2019 en contra de la construcci\u00f3n de un drenaje que desembocar\u00eda en el R\u00edo Metlapanapa.<\/p>\n
Y el otro caso mencionado es el de dos pobladores del pueblo ind\u00edgena maya de Sitilpech, Yucat\u00e1n, que se oponen a una granja porc\u00edcola, que argumentan, causa contaminaci\u00f3n, afectaciones al agua y problemas de salud.<\/p>\n
CNN contact\u00f3 a la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n de M\u00e9xico (Segob) para consultar su posici\u00f3n sobre el informe de Amnist\u00eda Internacional. Hasta ahora, la dependencia no ha respondido.<\/p>\n
El presidente de M\u00e9xico, Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, continuamente afirma que su gobierno no reprime protestas \u2014como se\u00f1ala que lo hac\u00edan sus antecesores\u2014 y que los ciudadanos son libres de manifestarse.<\/p>\n
Amnist\u00eda Internacional, sin embargo, sostiene que las autoridades s\u00ed tienen pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas para inhibir las manifestaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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