La caravana de unos 5.000 migrantes que salió esta semana de Tapachula, casi en la frontera con Guatemala, avanzaba lentamente el martes por el sur de México sin que las autoridades mexicanas tomaran medidas para detenerlos ni tampoco para facilitarles algún tipo de documento que les permita atravesar legalmente el país.
En dos días de caminata, el grupo integrado por ciudadanos centroamericanos, caribeños y venezolanos, apenas avanzó unos 30 kilómetros desde Tapachula para llegar al municipio de Huehuetán.
Familias completas, algunos empujando a menores a bordo de carritos para bebés, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad eran parte de los migrantes que, hartos de la lentitud en los trámites para regularizar su situación migratoria, optaban por avanzar en grupo, como una forma de exigir acciones a las autoridades.
Activistas como Irineo Mújica, de la ONG Pueblo Sin Fronteras, han acompañado a estos grupos en varias ocasiones presionando para que las autoridades les den respuesta y eviten exponer a los migrantes a los riesgos de una ruta mayoritariamente controlada por el crimen organizado y donde también se han sucedido los accidentes de tráfico.
De hecho, el Instituto Nacional de Migración informó el martes de la muerte de una niña migrante de 2 años, originaria de Perú, que fue atropellada junto con sus padres de nacionalidad venezolana cuando caminaban por una carretera en el sureño estado de Oaxaca. Según un comunicado de la agencia migratoria, el padre se encuentra en estado crítico.
La familia no formaba parte de ninguna caravana pero los pequeños grupos de migrantes que avanzan por su cuenta por el sur de México no han cesado. La ONG Médicos Sin Fronteras ha llegado a contabilizar recientemente hasta 1.400 personas caminando dispersos a lo largo de 250 kilómetros en un solo día.
El grupo que está ahora en marcha es, sin embargo, el más grande que se había conformado desde junio de 2022, coincidiendo con la Cumbre de las Américas celebrada en ese momento en Estados Unidos con la migración como una de sus prioridades.
En aquel momento, el gobierno mexicano optó por disolver la caravana dando documentos a los migrantes para permitirles atravesar el país, pero ahora la región se encuentra inmersa en una nueva oleada migratoria que ha batido récords y mantiene a muchas autoridades totalmente desbordadas.
En el sur de México, las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración lucen atestadas y los tumultos han provocado irrupciones violentas y conatos de enfrentamientos entre los extranjeros y la Guardia Nacional que custodia los inmuebles.
El hondureño Rubén Rodríguez quien viajaba con su esposa Gabriela Caballero, de 20 años, y dos niñas —de 6 años y 3 meses, respectivamente— decía haber huido de la violencia de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Su objetivo es llegar a Estados Unidos pero, según explicó, solo tenía menos del equivalente a tres dólares para comprar comida.
El mismo objetivo tenía Juana Montero Fuentes, una cubana de 64 años experta en medicina tradicional, que salió de la isla hacia Nicaragua hace un mes y luego avanzó caminando, según cuenta.
Más de 420.000 personas han cruzado irregularmente de Colombia a Panamá por la selva del Darién, frente a las 250.000 de todo 2022, y México rompió en septiembre un nuevo récord en el numero de solicitantes de asilo con casi 113.000 solicitudes, un 30% más que el mismo período del año pasado.
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