A partir de hoy las juntas de conciliación dejan de recibir asuntos y entra en funciones la tercera y última etapa de la reforma en 11 estados del país
México pone a prueba el nuevo modelo de justicia laboral, que exige el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el inicio de la etapa más compleja de la reforma en los 11 estados del país con mayor actividad económica y conflictividad.
La justicia laboral en México acumula años de ser disfuncional y la reforma laboral busca revertir esa condición, la meta es que los trabajadores accedan a justicia pronta y expedita; sin embargo, el inicio de la tercera etapa está resultando abrumador, algo caótico y con presupuesto austero, de acuerdo con expertos consultados por Bloomberg Línea.
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Yucatán y Ciudad de México son las entidades correspondientes a la tercera etapa de la reforma y las que concentran la mayor actividad manufacturera y económica. Ciudad de México es la entidad con el tribunal laboral más grande del país y por ende con la mayor cifra de asuntos.
La reforma laboral en materia de justicia entró en vigor el 1 de mayo de 2019 y su implementación se diseñó en tres etapas: la primera entró en vigor el 18 de noviembre de 2020 en ocho estados del país, la segunda inició el tres de noviembre en 13 estados y la tercera y última etapa arranca este lunes tres de octubre de 2022 en 11 estados del país.
Transitar al nuevo modelo de justicia en México significa pasar la justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje al Poder Judicial, es decir, las juntas de conciliación se sustituyen por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), centros de conciliación locales, así como tribunales federales y locales.
Con el inicio de la tercera etapa de la reforma laboral, las juntas de conciliación y arbitraje cierran definitivamente sus ventanillas, lo que implica que desde hoy ya no recibirán nuevos asuntos y se dedicarán a resolver los más de 500,000 asuntos presentados antes de la reforma.
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