Hay dos procesos en los que Washington ha llamado a cuentas a nuestro país: uno por restricciones a las importaciones de maíz y otro por omisiones en la conservación de la vaquita marina.
Estados Unidos perfila dos paneles de solución de controversias contra México en el sector primario al amparo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A principios de junio, la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, anunció que su país solicitó consultas de solución de controversias con México en el marco del T-MEC sobre ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola, incluido el maíz.
“Estados Unidos ha expresado repetidamente su preocupación de que las políticas biotecnológicas de México no se basan en la ciencia y amenazan con interrumpir las exportaciones estadounidenses a México en detrimento de los productores agrícolas, lo que a su vez puede exacerbar los desafíos de seguridad alimentaria”, dijo entonces Tai en un comunicado de prensa.
“Las políticas de biotecnología de México también sofocan la innovación agrícola que ayuda a los agricultores estadounidenses a responder a los desafíos climáticos apremiantes, aumentar la productividad agrícola y mejorar los medios de vida de los agricultores”, agregó la embajadora.
El 1 de enero de 2021 entró en vigor un decreto en virtud del cual se revocarán las autorizaciones existentes “para el uso de grano de maíz genéticamente modificado en la dieta de las mexicanas y los mexicanos” y se prohíben nuevas autorizaciones hasta que el grano de maíz genéticamente modificado sea sustituido por completo antes del 31 de enero de 2024.
Un decreto publicado el 13 de febrero de 2023 derogó el decreto de 2021 y contiene prohibiciones y eliminación gradual de maíz biotecnológico para ciertos usos.
En respuesta, la Secretaría de Economía indicó que demostrará con datos duros y evidencia que el uso exclusivo de maíz nativo para la masa y la tortilla no tiene afectación ni interés comercial para Estados Unidos, dado que México produce el doble de maíz blanco del que destina a la tortilla, nada menos que la base alimentaria de los mexicanos.
Paralelamente, un cupo de importación de glifosato se implementó bajo el Decreto de Maíz de 2020, que exige una reducción gradual en el uso de glifosato en México y una prohibición completa para el 31 de enero de 2024.
Por otro lado, Estados Unidos inició en febrero de 2022 el proceso para levantar el primer panel ambiental contra México en el marco del T-MEC por el caso de la vaquita marina.
Estas consultas se refieren a las obligaciones del Capítulo Ambiental del T-MEC de México relacionadas con la protección de la vaquita marina (Phocoena sinus), en peligro crítico de extinción, la prevención de la pesca ilegal y el tráfico de totoaba (Totoaba macdonaldi).
“Si bien México ha adoptado leyes ambientales diseñadas para prevenir la pesca ilegal en el Alto Golfo de California, para prevenir el tráfico de especies protegidas como la totoaba y para proteger y conservar la vaquita, la evidencia disponible genera preocupaciones de que México podría no estar cumpliendo con una serie de sus compromisos ambientales del T-MEC”, argumentó la USTR.
Además, Estados Unidos y México han firmado “Acuerdos de Suspensión” para las exportaciones de tomates y azúcar que garantizan que los productores y exportadores signatarios vendan estos productos a Estados Unidos a precios de referencia pactados o por encima de los mismos.
Roces en comercio alimentario
Maíz y biotecnología.
EU llamó a México a consultas bajo el T-MEC en junio del 2022 para que fundamente su decisión de restringir las importaciones de maíz transgénico destinado para consumo humano y de prohibir el uso del herbicida denominado glifosato.
Pesca.
EU inició en febrero de 2022 el proceso para levantar el primer panel ambiental contra México en el marco del T-MEC por el caso de la vaquita marina. Estas consultas se refieren a las obligaciones del Capítulo Ambiental del T-MEC de México relacionadas con la protección de dicha especie, en peligro crítico de extinción, la prevención de la pesca ilegal y el tráfico de totoaba.
Tomates.
Desde el 2019, EU supervisa los cargamentos de la fruta procedentes de México y estableció un precio mínimo de referencia, producto de un acuerdo llamado de suspensión, mediante el que aceptó desistirse de investigar prácticas dumping contra productores mexicanos.
Azúcar.
Al igual que en el caso del tomate, desde el 2014 EU se desistió de una investigación antidumping contra el azúcar mexicana, pero a cambio México aceptó limitar sus exportaciones del endulzante a un régimen de cupos y precios de referencia.
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